Estamos hartos de oirles a los politicos, eso de "PRESUNTO INOCENTE", cuando la verdad es que son "PRESUNTOS CULPABLES", hasta que se demuestre lo contrario

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martes, 19 de febrero de 2013

La esposa y la suegra del ex consejero catalán de Gobernación (ERC), vinculadas al contrabando de tabaco entre Andorra y España


El juzgado de La Seu d’Urgell ha imputado a la mujer y a la suegra del ex conseller de Gobernación, Jordi Ausàs, como presuntos partícipes a título lucrativo en la investigación por contrabando de tabaco entre Andorra y España. También han sido imputados dos compradores de tabaco de Barcelona.

El fiscal, Juan Sagredo, ha señalado que también se investiga a Ausàs, miembro de ERC, por si usó información, cuando era alcalde de la Seu, “para cometer el delito”.

“Hicimos llamar a declarar a los dos jefes de la Policía Local, y nos dijeron que, en su calidad de alcalde, había sido presidente de la Junta de Seguridad. Nosotros reclamamos las actas para ver qué cuestiones se trataron sobre contrabando, y si esto supuso alguna facilidad posterior para cometer el delito”, ha remarcado el fiscal.

Ausàs y seis personas fueron detenidas el pasado mes de julio por su presunta relación con una banda de contrabando de tabaco. El exconsejero pasó dos noches detenido hasta que pagó una fianza de 145.000 euros. En agosto pasado, un hombre se entregó y exculpó a Ausàs.

La Fiscalía ha pedido una fianza de 191.000 para hacer frente a una posible multa por contrabando de tabaco, que Ausàs ha recorrido.

lunes, 18 de febrero de 2013

Calatrava cobró 6 millones del gobierno de los socialistas valencianos por proyectar la Ciudad de las Ciencias


La Generalitat Valenciana pagó 5,9 millones de euros (IVA excluido) al arquitecto valenciano Santiago Calatrava por la redacción del proyecto y dirección de obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, según una respuesta parlamentaria publicada en el Boletín Oficial de las Corts Valencianes (BOCV).

Se trata de una respuesta de la consellera de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente, Isabel Bonig, al diputado de EUPV Ignacio Blanco, que solicitó conocer cuánto dinero y por qué conceptos pagó el Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA) al arquitecto Santiago Calatrava por el proyecto de la Ciudad de las Ciencias de acuerdo con los contratos firmados el 15 de enero de 1991 y el 24 de septiembre de 1992, cuando el PSOE gobernaba en la Comunidad Valenciana.

Bonig señala que de los dos contratos a los que hace referencia, sólo por el suscrito el 15 de enero de 1991 llegó a pagar 5,9 millones el IVVSA y que fue reembolsado al instituto por CACSA y, por entonces, la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y Transporte.

La respuesta, publicada este martes, está firmada el pasado 11 de junio, y la pregunta fue formulada el pasado mes de mayo.

Entonces, Ignacio Blanco denunció que la Generalitat Valenciana, ya con el Partido Popular, pagó más de 94 millones de euros a Santiago Calatrava por todo el proyecto y la dirección de obra de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

domingo, 17 de febrero de 2013

Madrid Andalucía Baleares Cataluña Castilla y León C. Valenciana Galicia Vascongadas | RSS y redes sociales de AD REDACCION | 15954 lecturas Una docena de cargos públicos fueron imputados en enero por causas relacionadas con la corrupción


El reguero de políticos imputados por presuntos casos de corrupción ha continuado durante el pasado mes de enero, período en el que se han computado al menos una docena de nuevas imputaciones, con políticos del PP, PSOE y CiU.
Aunque el mes concluyó con el escándalo de las cuentas suizas de Luis Bárcenas, los presuntos sobresueldos en el PP y la imputación de Carlos García Revenga, secretario de las Infantas, por el ‘caso Nóos’, otros asuntos como la investigación en la Diputación de Orense, la mafia rusa de Lloret de Mar o el ‘caso Pokémon’ han aumentado la lista de noticias sobre corrupción.

Los nuevos imputados se suman a los aproximadamente 300 cargos públicos que a finales del año pasado ya se encontraban inmersos en procesos judiciales y que afectan a todos los niveles de la administración.

El último caso destapado ha sido el de la presunta red de mafia rusa que operaba en la localidad de Lloret de Mar (Gerona), liderada por el empresario Andrei Petrov, y que ha salpicado al primer teniente de alcalde del municipio, Josep Valls, detenido por la Guardia Civil este martes y puesto al día siguiente en libertad imputado por prevaricación y cohecho.

El juez también ve indicios de prevaricación y cohecho en este caso del exalcalde de Lloret y diputado de CiU en el Parlamento catalán, Xavier Crespo, por su relación con la red de la mafia rusa, que habría blanqueado un total de 56 millones de euros, según la Fiscalía Anticorrupción.

Otro de los primeros casos destapados este primer mes del año ha sido el del expresidente de la Diputación de Orense José Luis Baltar, citado a declarar como imputado por un presunto delito continuado de prevaricación en la contratación de personal. El PSOE denuncia que hasta 115 personas fueron colocadas a dedo por Baltar en vísperas del último congreso provincial del PP, en el que resultó elegido su hijo, José Manuel Baltar Blanco.

También en Galicia, ha sido imputado el alcalde de Santiago, Ángel Currás, en el marco de la Operación Pokémon, convirtiéndose en el cuarto alcalde gallego imputado en esta investigación sobre supuestas irregularidades en adjudicaciones públicas. Los otros tres son el exregidor de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), el de exalcalde de Boqueixón (La Coruña) Adolfo Gacio, del PP, y el primer edil de Lugo, el socialista José Clemente López Orozco.

Sin embargo no es la única causa judicial que ha afectado a Currás este mes, ya que también ha sido imputado junto al exalcalde Gerardo Conde Ros, el concejal de Seguridad, Albino Vázquez, y la asesora para la coordinación de los cuerpos de seguridad, Mar Hinojosa, por prevaricación y acoso moral tras la denuncia de un policía de presiones para encubrir a un dirigente del PP pillado ebrio al volante.

En Tarragona, fue detenido el concejal de Espacios Públicos, Antonio Rodríguez, que abandonó el cargo el mismo día, por un presunto delito de favorecer la inmigración ilegal. Se le investiga por presuntamente haber tramitado permisos y contratos de trabajo de forma fraudulenta a cambio de comisiones desde su empresa en Tarragona, aprovechándose de su cargo público.

Además, en Atarfe (Granada) han sido imputados el alcalde del municipio, Tomás Ruiz Maeso (PSOE), y su antecesor en el cargo, el también socialista Víctor Sánchez, en el marco de una investigación sobre supuestas irregularidades cometidas en la concesión de las licencias de primera ocupación de la macrourbanización de Medina Elvira.

TAMBIÉN HA HABIDO CONDENAS

Durante este periodo los tribunales también han seguido con la tramitación de las causas ya en marcha y ha habido diversas condenas contra cargos o excargos públicos, como la dictada contra el que era alcalde de Valverde (El Hierro) y diputado autonómico, el ‘popular’ Agustín Padrón, condenado a seis años de inhabilitación y dos de prisión por malversación. El Ayuntamiento compró por 182.000 euros una parcela que estaba valorada en 39.000 y Padrón dimitió de sus cargos públicos tras conocer la sentencia.

Además, la Audiencia de Málaga condenó al exalcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros seis exediles (Manuel Calle, Juan Antonio Yagüe, Marisa Alcalá, Mario Jiménez, Rafael González y Dolores Zurdo) a un año de prisión por prevaricación urbanística por conceder licencias para la construcción de 126 viviendas.

Precisamente esta semana ha quedado visto para sentencia el juicio por blanqueo de capitales que se ha seguido en la Sección Segunda de la Audiencia de Málaga contra Julián Muñoz, sus exparejas, Maite Zaldívar y la cantante Isabel Pantoja, y otras cuatro personas.

También ha sido condenada la exalcaldesa de Chipiona Dolores Reyes Ramos a siete años de inhabilitación especial a cualquier cargo surgido de unas elecciones municipales por un delito continuado de prevaricación. Según el juez, dio el visto bueno a 345 contrataciones de personal laboral eventual en el Ayuntamiento sabiendo que su actuación era ilegal.

Por su parte, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha admitido a trámite una querella interpuesta por el sargento de la Policía Local de Cudillero contra el exalcalde y diputado regional Francisco González por los presuntos delitos de cohecho, acusación y denuncia falsa y falso testimonio.

sábado, 16 de febrero de 2013

El presidente de la Junta de Andalucía reparte otros 46.000 euros entre UGT y CC.OO. para actividades propagandísticas


La crisis y los recortes no han cerrado el grifo de la financiación pública de la Unión General de Trabajadores en Andalucía y la Confederación Sindical de Comisiones Obreras en Andalucía. La Consejería de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía ha concedido otros 23.068,76 euros en ayudas a cada organización sindical (46.137,52 euros en total) a través de una resolución publicada el pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Las nuevas subvenciones otorgadas por la Dirección General de Personas Mayores, Infancia y Familias de la Consejería de Salud y Bienestar Social se destinarán a financiar actividades propagandísticas de los dos sindicatos afines al Gobierno del PSOE e IU que preside José Antonio Griñán. En concreto, CC.OO.-A, el sindicato que dirige Francisco Carbonero, empleará la subvención de 23.068,76 euros a realizar un programa de «Difusión, conocimiento y análisis de servicios y prestaciones sociales para una jubilación activa».
Por su parte, el sindicato que dirige Manuel Pastrana, UGT-A, gastará la subvención de la misma cuantía a realizar un programa dedicado a divulgar la actividad del sindicato entre los jubilados, denominado «Promoción de la Participación Social y Sindical de las Personas Mayores».
La resolución por la que se canalizan los fondos, fechada el 24 de enero pasado, la firma María José Rico Cabrera, la directora general de Personas Mayores, Infancia y Familias adscrita a la Consejería que dirige María Jesús Montero. Las subvenciones se amparan en una orden del 10 de mayo de 2011 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para el sector de las personas mayores.

Además de los sindicatos más cercanos a los partidos que comparten el Gobierno andaluz, recibe fondos, aunque en mucha menor cuantía, el Sindicato de Obreros del Campo (SOC), entre cuyos dirigentes se encuentran Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, exalcalde de Marinaleda (Sevilla) y vinculado a un partido, la CUT-BAI, integrado como una corriente interna dentro de Izquierda Unida. En concreto el departamento de María Jesús Montero aprueba la concesión de 2.939,83 euros al SOC para financiar el programa «Los Mayores y la Actividad Sindical».

Movilización contra los recortes

La Junta ha empeñado multitud de fondos a los sindicatos afines que preparan una gran movilización contra los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy, al que pretenden identificar con el franquismo de cara al Día de Andalucía, el 28-F.

En la primera concesión de ayudas a la cooperación internacional tras las elecciones autonómicas del pasado 25 de marzo, el presidente andaluz en funciones, José Antonio Griñán, otorgó casi 2 millones de euros a las federaciones regionales de CC.OO. y UGT para que desarrollen su actividad sindical en Sudamérica y Norte de África.En concreto, el sindicato que dirige Pastrana se hizo con tres asignaciones que sumaban 971.320 euros. La organización que lidera Carbonero obtuvo 1.100.000 euros para proyectos diferentes en países como Bolivia, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela.

viernes, 15 de febrero de 2013

El Ayuntamiento almeriense de Albox, con más de su población en paro, paga el teléfono de la sede del PSOE


El Ayuntamiento de Albox, a pesar de su extremadamente grave situación económica, paga la factura de teléfono de la sede de la Agrupación del PSOE, según la documentación dada a conocer por Noticias de Almería. Hay que recordar que José García es el secretario general del PSOE albojense, y hasta el 31 de enero de 2013 en que presentó su dimisión, también era alcalde del municipio.

En la actualidad sigue de concejal y aún no se ha formalizado la elección de sus sustituto, siendo su cargo ocupado en funciones por Rogelio Mena, concejal y diputado provincial. A pesar de dejar el cargo, el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, le confirmó en la Comisión Ejecutiva Provincial y como secretario de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Aguas.

En la actualidad, el Ayuntamiento tiene un total de 19 líneas de telefonía móvil contratadas con la operadora Vodafone, y una de ellas es la que figura como número de teléfono en la página web del PSOE de Albox. 

En concreto, el 669678901 es el que aparece como número de contacto del PSOE albojense, cuya sede, en la calle San Leonardo no tiene otro número alternativo adscrito a nombre de la organización política.
Además se de la circunstancia de que este número es el que tiene asignada -dentro del contrato telefónico- la cuota más alta de todo los del Ayuntamiento, en concreto, 62 euros mensuales fijos más el consumo que realice una vez superados los 2.000 minutos mensuales, es decir, más de una hora diaria de lunes a domingo.
García ya fue objeto de polémica en 2011, cuando se descubrió que la facturación media de la telefonía móvil municipal era de 5.000 euros mensuales, o lo que es lo mismo, unos 60.000 euros anuales. También tuvo mucha repercusión mediática la información publicada por Noticias de Almería en la que se demostró que gastaba 1.000 euros al mes con la tarjeta de crédito del Ayuntamiento, y que había meses en los que sólo en comidas superaba los 1.500 euros.

Albox registra una tasa de paro superior al 50 por ciento de su población activa.

jueves, 14 de febrero de 2013

Los socialistas cargaron al Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga jamones, quesos, vino, trajes y hasta palos de golf


La caja del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga comienza a revelarse como un «cajón de sastre» en la que se metía la mano con demasiada facilidad. Las informaciones ya ponían en evidencia esta evidencia pues en ellas se desgranaba un presunto «enchufismo» continuado de familiares y militantes socialistas.

Pero una auditoria realizada a las cuentas de la institución supra-municipal destapa una serie de gastos suntuosos en plena crisis económica que van desde jamones de más de 100 euros la pieza, botellas de Ribera del Duero, queso curado o licor de crema, hasta seis plumas por 1.554 euros, palos de golf y trajes de vestir. «Caprichos» que el PP ha calificado como «derroche» y que se suman a otras polémicas compras efectuadas en el pasado.

El documento recoge perlas como que el «9,18 por ciento del gasto liquidado del ejercicio de 2009 es ficticio», que hay «irregularidades en los procesos de contratación de determinadas inversiones», «ausencia de facturas justificativas» o «incumplimiento de la Ley de Contratos».

Conclusiones que ponen de nuevo en la picota al que fuera gerente del CPB, el dirigente del PSOE José Luis Cámara, y que se «aderezan» con compras y decisiones que ponen en entredicho su gestión. Según la documentación a la que tuvo acceso este periódico, se adquirieron un total de 15 jamones a un conocido centro comercial cuyo importe –1.596,91 euros– se cargaron a las arcas del ente.

Los precios de las piezas van entre los 87,69 euros del más barato hasta los 104,70 del más caro. Igual mecanismo se siguió con la compra de 15 botellas de tinto Ribera del Duero a 13,75 euros la unidad y otra quincena de quesos por un precio total de 292,50 euros. Estas adquisiciones se realizaron antes de la Navidad de 2009, por lo que todo apunta a que era regalos con cargo a las cuentas públicas. El análisis de las facturas también revela la compra de seis plumas por un total de 1.554 euros.

Cinco de ellas, de la marca Townsend y Perspective y con lacado negro y en cuarzo, según el caso, se cargaron al Consorcio en una factura con fecha 6 de noviembre de 2009. El importe de estas estilográficas oscilaba entre 125 y 220 euros, muy alejadas de los 644 que costó una Montblanc. La auditoria también pone reparos a la compra de palos de golf y ocho trajes por valor de 2.181 euros. Además, pone la lupa en la contratación de determinadas empresas sin que supuestamente se siguieran los procedimientos que establece la ley.

Esta serie de gastos se une a la larga lista que el PP achaca a Cámara, como 2.644 en un cuadro para su despacho, 14.000 en «comilonas», la compra de 600 corbatas con el logotipo del Consorcio por 6.780 euros y de 300 carteras porta placas por 5.568 euros. Junto a este uso de los fondos públicos, se sitúan los indicios de que una treintena de afiliados de la agrupación Centro del PSOE de Málaga fueron contratados en distintos puestos cuando su gerente era al mismo tiempo el presidente de división del partido.

Unas contrataciones que también eran extensibles a familiares de dirigentes socialistas y que, en algunos casos, se realizaban a través de empresas a las que les adjudicaban servicios. Además, este periódico se hizo eco, y aportó documentación, del pago por la compra de un producto para los incendios –espumógeno– que se abonó seis veces más caro que el precio de mercado y del que sólo se recibió un tercio. Este caso está siendo investigado judicialmente. Mientras todo este dinero se abonaba, Consorcio Provincial de Bomberos permaneció cerca de tres años sin seguro de responsabilidad civil al considerarse un gasto excesivo. Un hecho vital en el caso del bombero fallecido en Álora al volcar el camión anti-incendios en el que viajaba y que derivó enl a imputación del ex-gerente y otros altos cargos del ente.

El PP exige responsabilidades

El portavoz del equipo de gobierno del PP en la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha exigido explicaciones a PSOE e IU sobre los “gastos injustificados” en el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga que figuran en una auditoria de los años 2008, 2009, 2010 y hasta junio de 2011, cuando dichos partidos gobernaban en coalición la institución provincial.

En el informe de la auditoria sobre la actividad del Consorcio, presidido en el anterior mandato por los diputados socialistas Cristóbal Guerrero y Francisco Márquez, se detalla un gasto de 644 euros en palos de golf y una estilográfica; 2.181 euros en ocho trajes, y 7.864,80 euros para la compra de 600 corbatas; además de otras “irregularidades” en las facturas. Salado ha considerado “un sinsentido que debe aclararse cuanto antes” y se ha preguntado qué relación hay entre un organismo que “debe dedicarse a ayudar a los municipios a evitar incendios y otras tragedias naturales y la compra de objetos de regalo para no se sabe quién”.

En este sentido, ha exigido al portavoz socialista, Francisco Conejo, que afronte la situación y “hable claro” sobre las “irregularidades detectadas”. “Los anteriores responsables del CPB, como el ex-gerente José Luis Cámara, son afiliados al PSOE y se supone que trabajan juntos, se ven en su sede, en reuniones de trabajo, y me sorprende que no se les haya cuestionado por este escándalo o por cualesquiera de los otros que ya hemos denunciado”, ha afirmado.

miércoles, 13 de febrero de 2013

JORDI PUJOL FERRUSOLA


La trama corrupta catalana no tiene fin: Oriol Pujol, implicado en el cobro de comisiones desde las Islas Vírgenes

Si bien Jordi Pujol ponía “la mano sobre el fuego” este viernes por su hijo Oriol Pujol, un diario nacional asegura este martes que el Tribunal Supremo ha remitido un informe “demoledor” contra el secretario de CDC, donde según la Policía se asegura su participación en la negociación y en los beneficios de la empresa Sharp por ayudar al cierre de su planta en Cataluña.
Según informa elEconomista, el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del que este martes da fe el diario El Mundo demostraría el modus operandi de este hijo de Jordi Pujol Soley, Oriol Pujol Ferrusola, en un entramado encabezado por él para enriquecerse con distintos negocios que requerían el visto bueno de la Generalitat.
“El apoyo de la Generalitat”
El informe que el Supremo ha enviado al juzgado número 9 de Barcelona señala a Oriol Pujol como “beneficiario real de una sociedad mercantil” con “capacidad de actuación directa sobre los órganos de Gobierno de la Administración de Cataluña”.
Oriol Pujol, conocido como el primo de Zumosol, se habría servido de cuatro cargos de la Generalitat, puestos desde los que tenían que facilitarle los negocios.
Se desmenuza así la trama de Oriol Pujol, apoyada con documentación, grabaciones como la de la conversación entre Alsina, íntimo amigo del líder de CDC y Ventura, y donde quedaría claro la manera que tenían de proceder con las facturas a través de paraísos fiscales.
Comisiones en las Vírgenes
Una de estas conversaciones es la que hay entre Buenaventura Pobre, presidente de Sharp en España, con Sergi Alsina, el presidente de Alta Partners, amigo íntimo de Oriol Pujol y jefe de la esposa de éste.
Pujol y Alsina, recuerda El Mundo, estaban intermediando con la Generalitat para que la empresa japonesa Sharp desmantelara su planta en Cataluña y la traspasara a la empresa de juegos Cirsa. Así pues, el 22 de julio de 2011, Buenaventura pregunta directamente a Alsina lo siguiente: Nosotros, a Alta Partners se le podría… e la factura, ¿podría ser una empresa de… Las Islas Vírgenes? Alsina, remarca la información del diario madrileño, no contesta y emplaza a su interlocutor a una conversación posterior. Buenaventura llama horas después y formula la misma pregunta. Alsina advierte que “quizá no deberíamos hablar de estas cosas por teléfono”. Inmediatamente le contesta de esta forma sobre la facturación del paraíso fiscal: “No hay ningún problema por nuestra parte”.
Los tentáculos de Oriol Pujol
La influencia de Oriol Pujol en la administración catalana, estos años ya presidida por Artur Mas -de quien asegura tenía conocimiento- era extraordinaria. Repasa el informe a través de las comunicaciones entre los implicados -Pastor, Alsina, Ricardo Puygnou, Josep Tous, Pedro Vicente Navarrete, responsable de Sony en España, y su mujer María Jesús Muro- , los manejos de Pujol para colocar a personas afines a su actividad en puestos clave. En sms y conversaciones intervenidas, Alsina le propone varios nombres para su nombramiento en calidad de responsables o consejeros en los cargos de Subdirección general de Seguridad Industrial, el Instituto Catalán de Finanzas, la Agencia de Competitividad Empresarial y el Instituto de Investigación Aplicada del Automóvil, entre otras.